कांफेरेंकिया दे कास्तेल्ल्स एन ला UOC

Conferencia de Manuel Castells en la UOC
No hay Internet libre sin ciudadanos libres
por
Ignacio Gómez

15/10/2001, 19:59 GMT+1

En su conferencia inaugural del curso 2001-2002 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), titulada "
Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica",
Manuel Castells, el conocido teórico español de la Sociedad de la Información, ofreció su visión personal de la lucha dialéctica entre las dos
fuerzas antagónicas
que hoy presiden la Red. Por una lado, la postura libertaria, originariamente encarnada en los académicos que trabajaron en la creación y desarrollo de
la Internet, y que hoy abandera la comunidad hacker. Por el otro, la asumida por muchos gobiernos, a los que no les queda más remedio que tragar con Internet
--elemento para Castells "legitimador para gobiernos que fundan su estrategia en el desarrollo económico dentro del marco de la globalización"-- y que
abogan por una mayor fiscalización y control de la actividad de los navegantes.

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Este enfrentamiento cobra especial trascendencia tras los atentados terroristas en EEUU y la subsiguiente
reacción de las autoridades estadounidenses,
que ha desembocado en un desplazamiento de la opinión pública (y un desequilibrio de la ecuación libertad-seguridad) hacia posturas más favorables a restricciones
de los derechos civiles, como señalaba recientemente John Perry Barlow, uno de los creadores de la Electronic Frontier Foundation, en
una entrevista en El País.

La censura, ni tanta ni tan poca

Castells describe Internet como una red abierta, "con capacidad distribuida de comunicación para cada nodo y transmisión por packet switching (conmutación
de paquetes), operada por protocolos TCP/IP, según múltiples canales alternativos". Esta especial configuración la hace muy resistente a la censura. No
se puede estar conectado con tan sólo unos cuantos nodos de la Red. O se está conectada con toda ella (no hay distinciones geográficas), o se dispone
de una Red paralela
o, simplemente, no se está. Pero como su significación económica cada vez es mayor, ni siquiera los países más represivos pueden permitirse prescindir completamente
de Internet.

Ese sello libertario impreso en la configuración de Internet tiene su origen en los investigadores universitarios que participaron en su construcción. Si
bien la antecesora de la Internet, Arpanet, nació de los fondos de una agencia (ARPA) creada por mandato del presidente Eisenhower como respuesta al lanzamiento
del Sputnik y fue gestionada por el Ministerio de Defensa (Department of Defense) estadounidense, esto no pudo impedir que la Internet adquiriese un marchamo
civil y no militar.

Como bien asegura Castells, "fue una cultura de libertad inspirada en los principios de la investigación académica y en la práctica de compartir los resultados
de la investigación con los colegas, de forma que el juicio de la comunidad informática académica sobre la contribución de cada uno era la recompensa más
importante al trabajo obtenido".

Casi sin pretenderlo --el proyecto nació con el propósito de compartir datos y tiempo de uso de los grandes ordenadores--, y con el apoyo subsiguiente del
colectivo hacker, los movimientos contraculturales --ambos participantes de la filosofía colaborativa inicial--y la comunidad empresarial, Internet ha
terminado convirtiéndose en un "instrumento esencial de expresión, información y comunicación horizontal entre los ciudadanos".

Pero si bien actualmente no puede ejercerse un control efectivo de la información que se disemina en la Red una vez ha abandonado el servidor, sí pueden
establecerse restricciones en estos mismos puntos de acceso local. Esta censura o vigilancia choca en los países democráticos con las leyes que protegen
la libertad de expresión, como el gobierno Clinton pudo comprobar con su Child Online Protection Act, una ley que pretendía establecer medidas de vigilancia
electrónica con el propósito de evitar la pornografía infantil, y que los tribunales
declararon inconstitucional en dos ocasiones.

Esta protección judicial existente en EEUU es la que permite que la información llegue a su destino utilizando alguna de las redes troncales estadounidenses,
usadas todavía
de forma mayoritaria.
Los censores (de países como China, Malasia o incluso Afganistán) tienen "
el recurso de desconectar el servidor,
de penalizar a sus administradores o de identificar el origen o al receptor de un mensaje no permitido y reprimirlo individualmente".

Esta represión --asegura Castells-- choca, a escala global, con dificultades técnicas y nominales. Los gobiernos no pueden impedir que los nodos busquen
alojamiento en países más amigables. Por otro lado, el concepto de transgresión no es en uniforme en todo el planeta.

Pero sí "se puede proceder, desde cada centro de poder, a la identificación y subsiguiente represión de quienes sean los transgresores de las normas dictadas
por dicho poder". Esta identificación se realiza mediante tecnologías de identificación, como contraseñas,
cookies
y procedimientos de autenticación; de vigilancia, con ayuda
de programas como el infame Carnivore,
utilizado hasta ahora por el FBI con permiso judicial previo para interceptar y presumiblemente analizar la información que transita por la Red, y que después
de la aprobación de
la nueva ley antiterrorista "Patriot"
podrá usarse de forma menos restringida; y de investigación, que básicamente sirven para dibujar perfiles mediante el uso de la información almacenada por
las herramientas de vigilancia.

A las tecnologías de vigilancia, que acaban con el mito de la Internet libre, se oponen las tecnologías de libertad. El sistema de poderes y contrapoderes
también está presente en Internet. El movimiento open source, que transfiere al usuario final la capacidad para ejercer un control sobre los programas,
y los programas de cifrado, "que permiten mantener el anonimato del mensaje y borrar las huellas del camino seguido en la Red", asumen el papel de elementos
de defensa de la libertad ciudadana.

Aunque, como bien señala Castells, el principal elemento no es la tecnología, sino "la capacidad de los ciudadanos para afirmar su derecho a la libre expresión
y a la privacidad de la comunicación". Algo que muchos estadounidenses habrán de tener en cuenta en un momento en el que las tendencias represivas comienzan
a tomar fuerza en ese país.

Los hackers y el poder de la innovación

Los ciudadanos hacen, según Castells, "un uso instrumental y poco ideológico de Internet". De ahí la importancia que tiene el papel de los hackers y de
su cultura en la pervivencia del carácter libertario de la Red. En su conferencia el profesor español abundó en la ideología que trasciende a este colectivo,
en su definición
más comúnmente aceptada,
e hizo hincapié en su organización en torno a redes de colaboración y su búsqueda incansable de la creación y la innovación. Su repaso histórico, en el
que no se apreciaban diferencias cualitativas entre hackers y defensores
del código abierto (
open source), incluyó la aportación de los primeros hackers, que contribuyeron a diseñar los elementos de los que hoy se compone Internet, así como la
gestación del kernel de GNU/Linux
o la aportación de la Free Software Foundation y Richard Stallman, con su revolucionaria licencia susceptible de modificación siempre que ésta sea difundida
al resto de la comunidad (copy left).

Más interesantes fueron sus referencias al filósofo finlandés Pekka Himanen y su obra "La ética del hacker y el espíritu de la Era de la Información". Como
aseguró Castells, en su obra el filósofo "argumenta convincentemente que la cultura hacker es la matriz cultural de la era de la información, tal y como
la ética protestante fue el sistema de valores que coadyuvó decisivamente al desarrollo del capitalismo, según el análisis clásico de Max Weber". Aun siendo
pocos, estos libertarios van dando forma a un nuevo sistema de valores que puede extenderse al resto, y en el que se crea por el puro placer de hacerlo
--una niña estadounidense de 15 años premiada en el DefCon de este año
definía la palabra "hacking"
como "la búsqueda del conocimiento". La más alta recompensa a la que aspira un hacker, asegura Castells no sin algo de exceso de idealismo, es "el reconocimiento
como tal por parte de la única autoridad que puede otorgar dicha distinción: la comunidad global de hackers, fuente esencial de innovación en la era de
la información".

No todos tienen sin embargo propósitos tan elevados. De ahí que se dé el nombre de crackers a quienes penetran ilegalmente en los sistemas informáticos
con el fin de desestabilizarlos. Son estos usuarios quienes ponen de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y ofrecen pretextos a los gobiernos para
renovar sus esfuerzos fiscalizadores. En lugar de proporcionar a los ciudadanos herramientas suficientes de autoprotección (mediante la difusión de las
tecnologías de seguridad y cifrado), los gobiernos optan por la represión político-jurídica.

Con la ley hemos topado

Esta opción se manifiesta para Castells en los diversos esfuerzos normativos a los que han acudido los diversos ejecutivos nacionales. En el caso de España
esta tendencia se concretiza en el Anteproyecto de Ley de Servicios de Información, que ya va por su tercera redacción y que trata de adaptar la legislación
nacional a la directiva europea 2000/31/CE.

Castells se hace aquí eco de dos de
los puntos más conflictivos
de este anteproyecto de ley y que fueron puestos de manifiesto en la campaña iniciada por la revista Kriptópolis y secundada en menor medida por la Asociación
de Internautas. Por un lado, "la falta de protección judicial en la decisión de sancionar a un prestador de servicios por algún acto relativo a la difusión
de la información en la Red". Y es que el proyecto autoriza a una autoridad administrativa --y no sólo judicial-- a "suspender la transmisión, el alojamiento
de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información".

El otro factor de discordia hace referencia a la indefinición del término "servicios de la sociedad de la información". Si bien el texto menciona que los
servicios regulados serán aquellos que "representen una actividad económica y comercial", sus detractores afirman que en estas palabras tiene cabida cualquier
servicio, lo que otorgaría al Ejecutivo amplios poderes represivos.

Para el teórico español el proyecto responde al nerviosismo gubernamental que, incapaz de aplicar las normas ya existentes, "intenta resolver el problema
descentralizando la censura previa a la estructura de prestadores de servicios y haciéndolos responsables de las excepcionales infracciones que puedan
representar algunos contenidos".

A estos "viejos reflejos estatistas" se opone la "notable capacidad de la comunidad internauta a cualquier intento de coartar su libertad". Capacidad que,
si bien es virulenta en lo que se refiere al Estado, no presenta la misma fuerza en su oposición a "las condiciones materiales" --sobre todo tarifas de
conexión-- en las que se ejerce la libertad del usuario, asegura Castells. Tampoco respecto de
la posible ampliación de los poderes
del servicio de inteligencia por parte del gobierno español, podríamos añadir.

El cifrado, elemento clave de la libertad

Castells destaca un elemento clave para la preservación de la libertad en Internet: el cifrado de datos, que en sus comienzos era utilizado únicamente con
fines militares y que hoy, después de vencer fuertes reticencias gubernamentales --hasta hace poco era delito, como bien mencionó el profesor, exportar
estas tecnologías fuera de EEUU--, están al alcance de todos.

Para que esto sucediera resultaron fundamentales los avances criptológicos de segunda mitad de siglo, especialmente el invento de la doble clave (una pública
o conocida por todos, y una privada y específica a un individuo u organización) por el matemático Whitfield Diffie, de la que luego saldría la tecnología
de cifrado
RSA
y que permitió descentralizar e individualizar las claves. Este sistema permite preservar el secreto del mensaje y también establecer la autenticidad de
su originario. Pero la tecnología de autenticación y firma digital, asegura Castells, "se está difundiendo bajo el control de las empresas e instituciones,
sin transmitir la capacidad autónoma de cifrado a los usuarios. Ello es así, por un lado, porque la comercialización de la tecnología creó un sistema de
patentes que la hacen costosa en su uso comercial".

El empecinamiento de los gobiernos por restringir el acceso de los ciudadanos fue lo que llevó a otro matemático, Phil Zimmerman --sobre el que han llovido
injustas críticas tras los atentados terroristas en EEUU--, a desarrollar y difundir en Internet su sistema PGP (Pretty Good Privacy), hoy a disposición
de los navegantes. En lugar de utilizar un directorio de claves públicas, como describe Castells, "se basa en una red autónoma de autenticación en la que
cada persona autentica a una persona que conoce y así sucesivamente".

El empuje de Zimmerman y otros criptógrafos --que se engloban dentro del movimiento cultural autodenominado cypherpunk-- llevó al desarrollo de herramientas
como el dinero digital o los programas que ayudan a borrar el rastro del usuario que utiliza el correo electrónico el navegador.

La utilización de estas tecnologías por parte de los navegantes potencia por tanto su libertad y despierta un recelo equivalente en sus gobernantes, quienes
aspiran al monopolio del secreto de las comunicaciones. Tal es así, afirma Castells, que "tanto la administración estadounidense como el G8 y el Consejo
de Europa se han pronunciado a favor del control burocrático de la tecnología de cifrado y están desarrollando legislación y medidas administrativas para
conseguirlo". Una de las manifestaciones actuales de esta actitud puede encontrarse en el trabajo del senador estadounidense Judd Gregg, quien actualmente
redacta
un proyecto de ley de cifrado
que obligaría a los usuarios a almacenar las claves de cifrado en una base de datos central, y que exigiría una "puerta trasera" en todos los programas
de seguridad.

La disposición de los gobiernos a autorizar la difusión o ejercer un control estricto del cifrado se convierte así "en un criterio definidor para saber
en qué medida los gobiernos confían en sus ciudadanos y respetan sus derechos". Y es que para Castells el grado de libertad de Internet dependerá en gran
medida de la actitud de sus propios usuarios. La última frase de su intervención no pudo ser más clara a este respecto: "Pero tanto Internet, como la libertad,
sólo pueden vivir en las mentes y en los corazones de una sociedad libre, libre para todos, que modele sus instituciones políticas a imagen y semejanza
de su práctica de libertad".

NOTA: El texto íntegro de la conferencia puede consultarse
en las páginas de la UOC.
También allí se encuentra
el foro de discusión
sobre las palabras del profesor español, en el que participan internautas y expertos y sobre cuyas conclusiones el propio Castells hará una síntesis comentada
el próximo 1 de noviembre.

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